En Colombia, el sistema educativo enfrenta una crisis estructural que va más allá del acceso: la permanencia. Miles de jóvenes abandonan sus estudios antes de graduarse, quedando expuestos a escenarios de vulnerabilidad social, económica e incluso criminal.
Frente a este panorama, el candidato presidencial Carlos Caicedo plantea una propuesta que abre debate: pagarles a los estudiantes por permanecer en el sistema educativo.
Un sistema que expulsa
El diagnóstico es contundente. De cada 100 estudiantes que ingresan al sistema educativo, solo 10 logran graduarse de la universidad.
Para Caicedo, esta realidad evidencia un modelo que “va dejando tirada a su juventud”, sin garantías para completar su formación académica.
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El costo de abandonar las aulas
La deserción no solo implica una pérdida educativa. También tiene consecuencias sociales profundas.
Según el planteamiento, muchos jóvenes que abandonan sus estudios terminan vinculados a economías informales, redes ilegales o dinámicas de violencia, especialmente en contextos donde las oportunidades son limitadas.
En zonas rurales, la informalidad alcanza cifras cercanas al 80%, mientras que en áreas urbanas ronda el 50%, lo que evidencia el impacto estructural del problema.
La propuesta: ingreso para estudiar
Ante este escenario, la iniciativa plantea otorgar un ingreso económico a estudiantes, especialmente en los grados 10 y 11, donde se concentra uno de los mayores niveles de deserción.
La idea es que este apoyo no solo incentive la permanencia, sino que también permita cubrir necesidades básicas como alimentación, transporte o sostenimiento diario.
Además, se propone avanzar hacia medidas complementarias como gratuidad en el transporte y programas de alimentación más amplios dentro del sistema educativo público.
Una apuesta de redistribución
El enfoque no se limita a la educación. También plantea una estrategia de redistribución del ingreso, en la que los recursos públicos se orienten a garantizar condiciones mínimas para que los jóvenes puedan estudiar sin abandonar sus proyectos de vida.
En este contexto, la Ley de Competencias aparece como una posible herramienta para asignar recursos a los territorios y financiar este tipo de iniciativas.
Un debate de fondo
La propuesta abre una discusión sobre el papel del Estado en la protección de la juventud y en la prevención de problemáticas sociales derivadas de la deserción.
¿Es más efectivo invertir en educación y permanencia o en medidas posteriores como el aumento de la seguridad y el sistema penitenciario?
Pregunta para nuestros lectores:
¿Debe el Estado pagarles a los jóvenes por estudiar como estrategia para frenar la deserción y la violencia?
SUMARIOTV 
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